El cambio climático es una realidad que vivimos a diario. La reciente DANA que azotó Valencia en 2024, causando daños por más de 4.000 millones de euros y siendo una de las catástrofes más graves a nivel mundial, es un recordatorio alarmante de la urgencia de actuar. No es solo el clima extremo el que nos pone en peligro: la contaminación del aire, causada en gran parte por el tráfico motorizado, provoca cada año más de 20.000 muertes prematuras en España y agrava problemas de salud como enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Reducir emisiones debe ser una prioridad para todas las autoridades públicas..
El estado de las ZBE: avances tímidos y compromisos desiguales
A pesar de estar respaldadas por la Ley de Cambio Climático de 2021 y por el Real Decreto 1052/2022, la implantación de las ZBE en España es un mosaico de avances desiguales, limitaciones y, en muchos casos, incumplimientos claros. Mientras que ciudades como Madrid y Barcelona han liderado la adopción de estas zonas, sus iniciativas aún están lejos de ser lo suficientemente ambiciosas si se quiere cumplir con los estándares establecidos por la Directiva Europea de Calidad del Aire, que exige límites más estrictos para contaminantes como las partículas en suspensión (PM2.5 y PM10) y el dióxido de nitrógeno (NO2), acercándose a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En Madrid, la ZBE “Madrid 360” abarca un extenso perímetro de 605 km² y restringe el acceso de los vehículos más contaminantes. Sin embargo, su implementación ha sido criticada por priorizar soluciones a corto plazo y por no incluir medidas más efectivas para fomentar el transporte público o la movilidad activa. Además, los cambios políticos han generado incertidumbre, y algunas decisiones recientes han suavizado las restricciones para ciertos vehículos, retrasando el impacto positivo esperado.
Barcelona, con su amplia ZBE que abarca 95 km², restringe el acceso a vehículos sin etiqueta ambiental entre semana y en horario diurno. Aunque la medida ha supuesto un avance, su impacto está limitado por las numerosas exenciones y una falta de planificación más integral que fomente alternativas de movilidad sostenible en el área metropolitana.
El resto del país: luces y sombras
Son 150 los municipios obligados por ley a poner en marcha Zonas de Bajas Emisiones, antes de 2023, hace ya dos años, que reduzcan de forma efectiva emisiones de gases contaminantes, gases de efecto invernadero, y ruido. Siete de ellos fueron seleccionados por la Comisión Europea como ejemplos piloto, dentro del programa de Ciudades Climáticamente Neutras. Estas siete ciudades se han comprometido a conseguir la neutralidad climática para 2030, esto es, que sus emisiones de gases de efecto invernadero sean mínimas, y neutralizadas o absorbidas por sumideros de carbono, es decir, árboles y zonas verdes de calidad. Estas siete ciudades son Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Valladolid y Vitoria-Gasteiz. ¿Están en la buena senda para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2030? Veamos:
En Valencia, la implementación de su ZBE, prevista para abarcar 27,8 km², ha sido pospuesta hasta 2028 para los vehículos más contaminantes, lo que representa una grave dilación en una de las ciudades más afectadas por la contaminación y los fenómenos climáticos extremos.
Valladolid, por su parte, ha reducido drásticamente el área inicial de 3 km² a solo 1 km², limitando enormemente el alcance de la medida.
En Sevilla, las dos ZBE existentes están ubicadas en polígonos industriales alejados del centro, con restricciones mínimas que apenas impactan en la calidad del aire de la ciudad.
Zaragoza, mientras tanto, avanza con un plan en fases, aunque con una implementación inicial que cubre un perímetro absurdamente pequeño 0,61 km2 y con plazos que se extienden hasta 2030.
Solo Vitoria parece que ha diseñado un plan más estructurado y ambicioso en tres fases, comenzando con una ZBE inicial en 2025 que se ampliará progresivamente hasta 2030.
Sin embargo, los avances en ciudades pequeñas o medianas son la excepción, no la norma, y la falta de ambición generalizada es un obstáculo significativo.
Mal uso de los fondos europeos
El programa europeo Next Generation ha destinado más de 2.400 millones de euros para apoyar la movilidad sostenible en España, incluyendo 1.500 millones para la implementación de ZBE. Sin embargo, estamos viendo retrasos, prórrogas injustificadas, o incluso proyectos que no cumplen con los objetivos ambientales o que se limitan a pequeñas intervenciones para justificar el uso de los fondos. Estas prácticas, que no solo desperdician recursos valiosos, y retrasan de forma injustificable el impacto positivo que estas medidas pueden tener en la salud y el medio ambiente.
Además, la inacción de algunos ayuntamientos, a pesar de las obligaciones legales existentes, puede provocar situaciones en las que deban devolverse las ayudas recibidas, y la gestión inadecuada de los fondos, dedicados en algunos casos a establecer zonas de bajas emisiones de extensión, ubicación o contenido esperpéntico, podrían ser consideradas situaciones de evidente fraude de ley. El mal uso de recursos públicos en un contexto de emergencia climática no sólo es moralmente cuestionable, sino que podría tener consecuencias judiciales para quienes lo promueven o permiten.
Lo que exige Europa y lo que podemos lograr
Como se ha comentado, la nueva Directiva Europea de Calidad del Aire establece límites más estrictos para los contaminantes y reconoce el derecho de la ciudadanía a un entorno respirable. También exige a las ciudades realizar mediciones rigurosas de calidad del aire, garantizar la transparencia en los datos y fomentar la participación ciudadana en la planificación de estas políticas.
Las ZBE no son un fin en sí mismas, sino una herramienta útil para transformar nuestras ciudades en espacios más saludables, seguros y habitables. Y son bien recibidas por la población. Incluso en ciudades que están dando notables pasos atrás en las actuaciones realizadas para favorecer una movilidad más sostenible. Cabe citar el ejemplo de Logroño, donde las denuncias por regresión ambiental realizadas por entidades ciudadanas ante el desmantelamiento de determinadas actuaciones en el viario urbano, han llegado hasta la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Pues bien, resulta que más del 65% de la población logroñesa cree que estas zonas mejorarán la calidad ambiental de la ciudad, según recoge el propio proyecto técnico de ZBE del ayuntamiento
Una llamada a la acción: 2025 como punto de inflexión
2025 debe ser el año en que las ZBE se conviertan en una prioridad real, con proyectos ambiciosos, bien diseñados, sostenibles y que ayuden a transformar la movilidad de las ciudades, reduciendo la presencia de vehículos privados motorizados, mejorando la calidad y habitabilidad de nuestros municipios.Los ayuntamientos, como instituciones más cercanas a la ciudadanía, han de liderar el cambio hacia unas ciudades más limpias y habitables. Entre las medidas prioritarias a impulsarse encuentran:
- Ampliar y fortalecer las ZBE: Estas deben cubrir áreas suficientemente grandes para lograr reducciones significativas de la contaminación y no limitarse a zonas marginales o con restricciones mínimas.
- Garantizar la transparencia y la participación ciudadana: Es imprescindible que la planificación y ejecución de estas medidas cuenten con la participación activa de la ciudadanía y sean comunicadas de forma clara.
- Reinvertir en movilidad sostenible: Los fondos europeos deben destinarse a proyectos que fomenten el transporte público, la movilidad activa (como caminar y el uso de bicicletas) y la electrificación de los vehículos, especialmente movilidad compartida y distribución urbana de mercancías.
- Adoptar la Directiva Europea de Calidad del Aire como estándar: Los ayuntamientos deben adaptar sus políticas para cumplir con los límites de emisiones establecidos, garantizando mediciones fiables y sistemas de control efectivos.
No podemos permitirnos más retrasos ni medias tintas. La contaminación no solo daña nuestro planeta, sino que nos afecta directamente a todas las personas que lo habitamos. Construir ciudades más limpias y saludables no es un lujo, es una necesidad urgente. Hagamos que 2025 marque el inicio de un cambio real en la adaptación climática de nuestras ciudades, en las que se asegure un aire limpio y entornos urbanos más amables y saludables. Son derechos básicos que se deben asegurar con perdurabilidad para las próximas generaciones.
