En los últimos años, Barcelona ha experimentado una transformación verde significativa en su paisaje urbano, especialmente en lo que respecta a la movilidad sostenible y la mejora de la calidad del aire. Uno de los proyectos más emblemáticos de esta transformación fue la pacificación de la calle Consell de Cent, una de las mayores peatonalizaciones realizadas en la ciudad, liderada por la exalcaldesa Ada Colau. Sin embargo, una reciente sentencia judicial pretende revertir esta transformación, lo que ha desatado un debate en la sociedad barcelonesa sobre el futuro de la ciudad.

La sentencia, que busca obligar al Ayuntamiento de Barcelona a regresar al estado anterior a las obras de pacificación de la calle Consell de Cent, ha generado una amplia controversia. La calle Consell de Cent fue uno de los ejes verdes más ambiciosos del gobierno de Ada Colau, y las obras finalizaron esta primavera, transformando el espacio en un lugar con prioridad las y los peatones, con una velocidad máxima de 10 km/h para los vehículos y la creación de nuevas plazas en las intersecciones de las calles peatonalizadas [1].

Esta transformación ha tenido un impacto positivo en la calidad del aire de la ciudad, que se enfrenta a problemas de contaminación significativos. Barcelona es considerada la cuarta ciudad más contaminada de Europa, según StressFreeCarRental.com [4]. La contaminación afecta especialmente a los más vulnerables, como se ha demostrado en un informe realizado por Ecologistas en Acció, Revolta Escolar y Clean Cities Campaign, que analizó el nivel de contaminación en los entornos escolares de Barcelona.

El informe reveló que la mayoría de los centros educativos estudiados superaban los límites legales de contaminación, excepto aquellos situados en zonas pacificadas y verdes [5]. Esto demuestra que la pacificación de las calles no solo mejora la calidad del aire en los centros educativos, sino que también reduce el número de vehículos privados circulando por la ciudad, lo que beneficia a los comercios locales.

Sin embargo, la sentencia ha generado resistencia por parte de algunos sectores. Incluso Barcelona Oberta, una entidad que demandó al Ayuntamiento y que representa los intereses del turismo de compras, se opone a la dureza de la sentencia. La reversión de las obras no solo tendría un impacto social y ambiental negativo, sino que también sería costosa, ya que implicaría devolver los fondos Next Generation utilizados, lo que supondría más de 75 millones de euros [9].

Afortunadamente, la sentencia ha sido criticada por diversos dirigentes políticos, tanto del gobierno anterior como del nuevo, que la consideran «absurda» [10]. El actual gobierno de la ciudad tiene la intención de recurrir la sentencia, defendiendo la legalidad del proyecto y el trabajo realizado por el equipo técnico municipal.

En resumen, la sentencia que amenaza la transformación verde de Barcelona plantea un dilema importante para la ciudad. Por un lado, está la necesidad de mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación en una ciudad gravemente afectada. Por otro lado, está la preocupación por los costos económicos y la resistencia de algunos sectores. El futuro de Barcelona como una ciudad más limpia y sostenible está en juego, y seguirá siendo un tema de debate en los próximos meses.